El fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó su preocupación ante el significativo recorte de cerca de $7 mil millones al presupuesto del Ministerio Público, una decisión que calificó como «grave» y que impactará directamente en la capacidad operativa de la institución.
Valencia comparó la situación del Ministerio Público con una familia que enfrenta grandes dificultades para llegar a fin de mes, destacando que los recursos actuales ya son insuficientes para las necesidades existentes. Según explicó, este recorte complicará el desarrollo de investigaciones clave y afectará áreas fundamentales como la protección de víctimas y testigos, los peritajes privados y la adquisición de software para análisis informático.
El fiscal ilustró el impacto del recorte mencionando dos casos recientes, la investigación del accidente del avión Hércules en Magallanes y la indagatoria del Programa Informático Red Gestión Penal, en los que fue posible realizar peritajes privados gracias al presupuesto de 2024. “El próximo año no lo habríamos podido hacer”, señaló.
Valencia también afirmó que, durante la presentación del presupuesto, se les informó que el Ministerio Público no era considerado una prioridad, lo que agrava aún más la situación. Asimismo, destacó problemas previos con Hacienda, como la falta de entrega de fondos comprometidos para el programa ECOH y un intento de recorte presupuestario a finales de 2024.
Frente a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre la intención de ampliar el programa ECOH, el fiscal aclaró que, aunque hubo un suplemento para honorarios, los recursos adicionales necesarios para gastos operativos no fueron incluidos, dejando en duda la posibilidad real de implementar dicha ampliación.
Por último, Valencia reconoció la preocupación interna ante lo que algunos consideran una represalia por investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía, aunque evitó hacer acusaciones directas. Subrayó que se enteró del recorte a través de la prensa y de una llamada posterior de la directora de Presupuesto.
La reducción presupuestaria pone en riesgo el funcionamiento del Ministerio Público, limitando su capacidad de investigación y afectando directamente la justicia en casos prioritarios para el país.
