Las autoridades surcoreanas detuvieron al expresidente Yoon Suk-yeol en su residencia de Yongsan, Seúl, tras semanas de resistencia luego de su destitución por la Asamblea Nacional el pasado 14 de diciembre. Este arresto, ejecutado por la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), marca un hecho sin precedentes en la historia política del país, siendo la primera vez que un mandatario en ejercicio enfrenta tal situación.
El operativo culminó a las 10:33 hora local, tras varios intentos fallidos para concretar la detención, que había sido obstruida por una fuerte cadena humana formada por los servicios de seguridad del exmandatario y manifestantes que rodeaban la residencia. El arresto se produjo después de una madrugada de intensas negociaciones y un despliegue de más de 3.000 efectivos policiales en la zona.
Yoon Suk-yeol está siendo investigado por un supuesto delito de insurrección vinculado a su controversial declaración de la ley marcial en diciembre. Este es el único cargo al que un presidente surcoreano no es inmune. Además, enfrenta acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que ha generado un clima de alta tensión política y social en el país.
En un video grabado antes de su arresto, Yoon calificó la investigación en su contra como «ilegal e inválida», asegurando que el estado de derecho en Corea del Sur «se ha derrumbado por completo». También manifestó su decisión de entregarse para evitar mayores enfrentamientos y potenciales heridos entre sus seguidores y las fuerzas de seguridad.
El expresidente comenzó a ser interrogado en la sede de la CIO, con la presencia de sus abogados, mientras se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre el proceso legal que enfrenta. Paralelamente, el Tribunal Constitucional evalúa si la destitución de Yoon será definitiva o si podría ser restituido en el cargo.
El caso ha polarizado aún más a la sociedad surcoreana, con miles de partidarios y opositores movilizados en las calles. La resolución de este complejo episodio podría tener un impacto significativo en la política y el sistema democrático del país.
