El subsecretario del Interior, Luis Cordero, destacó este martes en entrevista con el medio, radio Cooperativa los avances en la lucha contra el Tren de Aragua, una peligrosa banda criminal de origen venezolano. Según Cordero, desde 2021 se han detenido a más de 300 personas vinculadas a esta organización, lo que refleja el trabajo conjunto de las fuerzas policiales y el Ministerio Público para evitar su expansión en el país.
El subsecretario resaltó que estos avances son fruto de esfuerzos continuos, mencionando específicamente el caso del crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, un punto destacado en la lucha contra el Tren de Aragua. Aunque destacó la importancia de estos logros, Cordero subrayó que los resultados obtenidos no habrían sido posibles sin el trabajo previo de la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y el Ministerio Público.
«El país ha detenido a más de 300 personas vinculadas a esta organización. Entre ellas, algunos ingresaron entre 2017 y 2019 por pasos regulares. No serían posibles estos resultados sin los trabajos previos», indicó Cordero, quien también mencionó que, aunque los cabecillas de la organización entraron al país regularmente, al intensificarse la persecución penal, abandonaron Chile.
Cordero recordó que los esfuerzos previos de las autoridades han sido clave para desmantelar una organización de tal envergadura. Aseguró que, aunque los resultados no sean evidentes a corto plazo, el trabajo de las autoridades chilenas para desbaratar una red criminal de este tipo es intenso y sostenido.
Posible intervención de la Corte Penal Internacional
Respecto a la posible participación del ministro del Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, en el asesinato de Ojeda, el subsecretario Cordero aclaró que Chile está activamente persiguiendo el crimen, lo que deja en claro que la Corte Penal Internacional (CPI) podría intervenir si el caso no fuera juzgado en el país. No obstante, Cordero recordó que Chile ha apoyado incondicionalmente las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela, siendo este un factor clave para las investigaciones que podrían llevarse a cabo ante la CPI.
En cuanto a la posible extradición de Cabello, Cordero expresó que cualquier persona vinculada a un delito cometido en Chile podría ser perseguida penalmente, lo que incluye la opción de extradición. Aseguró que un crimen por encargo de disidentes políticos es una grave violación de derechos humanos, lo que le da una dimensión seria tanto en el ámbito legal como en las relaciones internacionales.
Esta situación pone en evidencia la importancia de seguir combatiendo la expansión de organizaciones criminales transnacionales y reafirma el compromiso de Chile con la justicia en casos de violaciones de derechos humanos.
