La Corte Penal Internacional (CPI) denunció que la orden ejecutiva firmada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sancionar a sus funcionarios busca socavar su capacidad de impartir justicia en diversas investigaciones abiertas. Según la institución, estas medidas constituyen un ataque grave contra los países miembros.
La presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, rechazó cualquier intento de influir en la independencia e imparcialidad del tribunal, advirtiendo sobre la politización de su labor judicial. Además, lamentó que las sanciones impuestas por Estados Unidos priven de justicia a víctimas de crímenes de guerra y otras atrocidades en distintas regiones del mundo.
«Mientras las atrocidades siguen asolando el mundo y afectando la vida de millones de niños, mujeres y hombres inocentes, la Corte se ha vuelto indispensable. Representa el legado más significativo del inmenso sufrimiento infligido a civiles por las guerras mundiales, el Holocausto, los genocidios, la violencia y las persecuciones», remarcó Akane.
La CPI subrayó que lleva a cabo procedimientos derivados de diversas investigaciones en todo el mundo, en «estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma», tratado que otorga al tribunal jurisdicción para juzgar a los más altos responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de genocidio y de agresión estatal.
«La orden ejecutiva anunciada es solo el último de una serie de ataques sin precedentes y en aumento que buscan socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas las situaciones. Tales amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques contra los Estados Parte de la Corte, el orden internacional basado en el Estado de derecho y millones de víctimas», agregó la magistrada.
En este sentido, recordó que la CPI y sus funcionarios «cumplen diariamente con su mandato judicial de determinar si ciertas conductas individuales, dentro de su legítima jurisdicción, dan lugar a responsabilidad por crímenes internacionales». A partir de esas investigaciones y la recopilación de pruebas, el tribunal emite órdenes de arresto contra sospechosos de cometer estos crímenes, como ocurrió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por la guerra en Gaza.
Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como es el caso de Palestina, la CPI tiene jurisdicción para abrir una investigación, incluso si los autores son nacionales de un país no suscrito al Estatuto de Roma.
