La Corte de Apelaciones de Antofagasta aprobó la solicitud de desafuero presentada en contra de la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio, lo que implica que la congresista pierde su inmunidad parlamentaria y permitirá que se inicien acciones legales en su contra. Esta decisión se da en el contexto de la investigación del caso Democracia Viva, que involucra acuerdos millonarios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, ex pareja de la parlamentaria.
Los convenios entre la Seremi y la fundación, por un monto total de $426 millones, fueron transferidos directamente a la cuenta de la ONG para realizar trabajos de infraestructura en campamentos. Sin embargo, la organización carecía de experiencia en este tipo de proyectos, pues su enfoque principal había sido político, participando activamente en la creación de espacios de discusión y debate durante los procesos constitucionales.
A pesar de las reiteradas declaraciones de inocencia por parte de Pérez, quien ha afirmado que “equivocarse políticamente no puede implicar una consecuencia penal”, las filtraciones de conversaciones en la carpeta investigativa sugieren que la diputada estaba al tanto de los convenios entregados. Ante esto, el Ministerio Público ha insistido en acusarla de tres delitos de fraude al Fisco.
Además, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada, acusándola de ser cómplice en el delito de fraude al Fisco reiterado.
