La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó la decisión de primera instancia que acogió la solicitud de la Fiscalía para desaforar a la diputada Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, quien es investigada por presunta corrupción en el marco del caso convenios.
El Ministerio Público indaga una serie de acuerdos irregulares suscritos entre la ONG Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en los cuales Pérez es señalada como responsable de tres delitos de fraude al Fisco. La organización, encabezada por su expareja, Daniel Andrade, recibió millonarios traspasos de recursos públicos sin cumplir con los requisitos establecidos para su adjudicación.
En su resolución, el tribunal consideró que los antecedentes presentados por la Fiscalía permiten sostener que la parlamentaria tenía conocimiento de los convenios firmados, dada su relación con los involucrados y su posición de poder en el ámbito político y legislativo. Además, se le atribuye haber recopilado información para facilitar la concreción de estos acuerdos, a pesar de las irregularidades evidenciadas en el proceso.
La sentencia del desafuero ya ha sido incorporada al sistema de tramitación de la causa, por lo que se deberá esperar el avance del proceso judicial para conocer las eventuales sanciones en su contra.
En tanto, la defensa de Pérez cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema, instancia que tendrá la última palabra respecto a su inmunidad parlamentaria y su continuidad en el Congreso.
