En medio de la presión de los alcaldes por avances concretos, las comisiones unidas de Gobierno y Seguridad Pública del Senado aprobaron este lunes, con ocho votos a favor y una abstención, la norma que busca entregar mayores atribuciones a la seguridad de los municipios.
El proyecto, que fue ingresado en 2023 a la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado con suma urgencia, ha enfrentado un debate centrado en dos aspectos clave: las facultades que tendrán los guardias municipales y el presupuesto necesario para dotarlos de armas y recursos.
El senador Manuel José Ossandón (RN) advirtió sobre las limitaciones actuales: “Si la seguridad municipal es el mismo personaje disfrazado de ‘Tortuga Ninja’, pero sin ninguna herramienta para defenderse y accionar, al final quedamos en lo mismo”. Además, destacó la necesidad de crear una institucionalidad que colabore efectivamente con las policías.
En tanto, el senador Iván Flores (DC) enfatizó la falta de claridad sobre la fuente de financiamiento. “Si están pensando en que los gobiernos regionales van a financiar la implementación, tampoco camina. Los gobiernos regionales no pueden ser sustitutivos del rol de gobierno”, afirmó.
Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, resaltó los avances logrados y la conformación de una mesa técnica para continuar la discusión. “Hemos llegado a acuerdos en la gran mayoría de los elementos de la esencia del proyecto y, por lo tanto, tenemos que avanzar”, sostuvo.
Sin embargo, los alcaldes presentes en la sesión manifestaron su descontento. Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación de Municipios de Chile, criticó la lentitud del proceso: “Han pasado 15, 20 días desde la suma urgencia y recién se están discutiendo algunos artículos”.
En la misma línea, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, pidió que los recursos se enfoquen directamente en tecnología y medidas concretas de seguridad, mientras que Juan Pablo Olave, alcalde de Isla de Maipo, recalcó que los municipios rurales se verían especialmente afectados por una ley sin financiamiento adecuado.
Antes de pasar a la sala, el proyecto deberá ser revisado por la Comisión de Hacienda para definir su viabilidad financiera.
