
La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, solicitó este miércoles el respaldo de la Unión Europea (UE) para asegurar la supervivencia del tribunal frente a las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, las cuales, según advirtió, ya afectan su operatividad y generan incertidumbre entre su personal.
Durante su intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane instó a la UE a modificar su estatuto de bloqueo para blindar a la CPI y sus colaboradores de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, tras la orden ejecutiva firmada por Trump que penaliza a quienes cooperen con personas sancionadas por el país norteamericano, como el fiscal de la CPI, Karim Khan.
Akane alertó que estas medidas representan una «grave violación de la soberanía europea» y debilitan al tribunal, que enfrenta dificultades para mantener relaciones con empresas europeas, gestionar recursos financieros y retener a su personal ante la incertidumbre por futuras sanciones.
La CPI enfatizó que estas acciones ponen en riesgo investigaciones en curso en regiones como Afganistán, Palestina, Ucrania y Myanmar, entre otras, e instó a Bruselas a «actuar ahora» para preservar la misión del tribunal.
«Los devastadores efectos de las sanciones podrían impedir que la Corte funcione», advirtió Akane, subrayando que la CPI no cederá ante la presión y continuará con su labor, que recientemente incluyó la emisión de órdenes de arresto contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad.