La crisis de seguridad surge del deterioro de la autoridad de la ley. La fuente de esa autoridad es la soberanía nacional y su destino es regular la convivencia; sin embargo, entre su origen y la aplicación, se advierte la debilidad de un eslabón clave: las instituciones. Ese deterioro responde, al menos, a tres razones.
La primera es el ataque a la legitimidad institucional. Desde el reemplazo del Congreso por las juntas de vecinos y sindicatos, pasando por la propuesta constitucional para refundar la república (asamblea constituyente), hasta llegar al cuestionamiento de toda actuación policial ante la delincuencia afín a sus protestas y el empoderamiento vecinal, el progresismo intenta “sepultar” las instituciones del sistema liberal.
La segunda es la pérdida de fuerza vinculante de la ley. Al abrigo de una particular visión sobre la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente (victimización), la distinción de lo justo recogida en la ley reduce su eficacia. Por un lado, al permitir que sus adherentes actúen impunemente (indultos) infringen la igualdad ante la ley y anulan a los tribunales. Por otro, al buscar estándares internacionales, la izquierda del gobierno y del congreso (colegisladores) recogen una reflexión de lo justo realizada por personas que no viven en Chile, con una visión ajena a la experiencia republicana y, quizás, un interés contradictorio. El soft law provee criterios cuya recepción judicial trastoca los límites de la soberanía nacional.
La tercera es la destrucción del sentido común. Carabineros como agentes de diálogo en patrullas multicolor (con perspectiva de género), delincuentes que son víctimas o “héroes”, hombres que pueden ser mujeres (autopercepción), o una insurrección (F. Villegas) llamada “estallido social”; son ejemplos que, según Aristóteles, exceden los límites de la deliberación posible, destruyen la percepción compartida de la realidad y nos conducen, como expone V. Kaiser, a la imposibilidad de entendernos.
Manipulando el concepto de justicia, la izquierda debilita la convivencia pacífica. Las tácticas de refundar carabineros, crear un ministerio o, simplemente, reunir más recursos, no revierten la inseguridad de los chilenos, sino que revelan una estrategia de apropiación del Estado y propiciar un enfrentamiento civil.
