La crisis de seguridad que estamos viviendo es culpa del Gobierno. No sólo porque el Presidente Gabriel Boric y sus ministros llegaron a La Moneda validando la violencia octubrista y criticando a Carabineros, sino porque además no tienen idea de gestión.
La balacera en el Cesfam de Puente Alto tras un ataque en medio de las preparaciones de un funeral narco y que terminó con la muerte de dos niños no sólo nos remeció como país, sino que nos indigna.
Y las medidas anunciadas por el Gobierno no funcionan. El Plan Calles Sin Violencia no dió ningún resultado, porque si bien las cifras mejoraron en las comunas en las que se aplicaba, subían en la del lado porque los delincuentes se trasladaban.
Qué decir de los dos fast track legislativos, cuyo escaso avance se debió únicamente a la oposición, porque fueron rechazados desde los mismos partidos oficialistas y en varias ocasiones pusieron trabas para la tramitación.
Los dichos de la Ministra del Interior Carolina Tohá normalizando las 37 víctimas de la delincuencia que fallecieron durante Fiestas Patrias es, por un lado, muy gráfico de por qué estamos en una crisis de delincuencia y por otro, que las autoridades a cargo no dieron el ancho.
En Atacama, según cifras de la subsecretaría de Prevención del delito, la mayor parte de los homicidios durante el primer semestre de 2024 fueron cometidos con armas de fuego con un 48%, y la vía pública fue el lugar más frecuente de agresión, con un 58,7% de los casos.
A esto sumemos la migración ilegal descontrolada en el norte y en nuestra región, también por culpa del Frente Amplio.
Necesitamos más seguridad y luminarias en las carreteras, instalar una central de cámaras y que éstas funcionen como corresponde, más dotación policial y concretar de una vez por todas la compra del dron de vigilancia.
Esta semana nos enteramos que Atacama está entre las regiones en las que el Producto Interno Bruto se contrajo, esto significa que la economía de la región está encogiéndose porque las empresas producen menos cosas, las personas gastan menos dinero y, en general, la actividad económica disminuye, se cierra la Fundición de Paipote y se vende el 10% de Quebrada Blanca, dejando en una posición cada vez más vulnerable a nuestros pequeños mineros.
¿Cómo vamos a recuperar el crecimiento económico si el Gobierno no garantiza la seguridad? Ambas cosas están ligadas. Porque la delincuencia es también un golpe a los emprendedores, al comercio establecido, a la inversión y la creación de empleos.
Tohá y todo su equipo deben renunciar, no dan el ancho. Ya quedó demostrado.
No podemos seguir mirando cómo un Gobierno que no sabe gobernar sigue inmóvil, mientras hipotecan el futuro de nuestros hijos y nietos.
