El Gobierno enfrenta críticas tras las declaraciones de la ministra vocera, Camila Vallejo, quien afirmó haberse enterado de la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric mediante una «pesquisa» de casos judiciales. Este comentario generó cuestionamientos desde diversos sectores políticos, que consideran que el acceso a una causa reservada podría constituir un delito.
El diputado Andrés Longton (RN) señaló que «es grave que el gobierno afirme haber pesquisado una causa reservada, lo que podría implicar un privilegio indebido para La Moneda, algo que no está al alcance de ningún ciudadano». Además, calificó de improcedente que el Ejecutivo asuma tareas que corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia.
Desde el oficialismo, la diputada independiente Camila Musante (PPD) expresó su preocupación y pidió aclaraciones. «Los dichos de la vocera sugieren que el gobierno estaría realizando pesquisas de denuncias, lo cual sería gravísimo si existiera una coordinación comunicacional entre la Fiscalía y el Ejecutivo», advirtió.
La situación ha abierto un nuevo flanco para el Gobierno, que deberá responder a las acusaciones y esclarecer los procedimientos utilizados en este caso para disipar las dudas sobre posibles irregularidades. Mientras tanto, la Fiscalía continúa investigando el contenido y contexto de la denuncia contra el Mandatario.
