“Ninguna autoridad por sobre la ley” Por Álvaro Iriarte Director de Investigación Instituto Res Publica
El Consejo de Monumentos Nacionales finalmente resolvió que el famoso “Arco del Triunfo” de Copiapó debe ser demolido o reubicado por la municipalidad. ¿cuál fue la razón? No se cumplió con la ley cuando se construyó.
De seguro hay partidarios y detractores de la iniciativa, pero el tema de fondo es otro. Para aquellos que creen que la idea o intención era buena, es necesario recordar el viejo dicho popular: “el camino al infierno está lleno de buenas intenciones”. El verdadero tema es el respeto del estado de derecho, y si consideramos la democracia como un verdadero sistema para ordenar la vida en comunidad o como un simple mecanismo para llegar a un cargo. Toda autoridad debe ajustar su conducta al marco jurídico e institucional.
Si las autoridades hacen y deshacen pasando por sobre ley, en la práctica se convierten en verdaderos tiranos. Esta tentación es mucho mayor para aquellas personas que desempeñan un cargo ejecutivo, sea a nivel central o comunal. Los pesos y contrapesos de nuestra democracia están pensados para evitar estas situaciones, así como también para recordar a quienes detentan el poder que son funcionarios, como cualquier otro, al servicio de la comunidad. Esto es válido para el Presidente de la República, así como también para el alcalde de la comuna más pequeña.
La decisión ha llegado demasiado tarde, reflejando cómo la burocracia excesiva termina por minar el sistema de contrapesos, y en definitiva el estado de derecho. ¿Era necesario dejar pasar 7 años para resolver este asunto? Claramente no. El precedente es muy malo, sobre todo si se considera que la ciudad tiene pendiente otro caso similar: las polémicas estatuas doradas.
Es legítimo cuestionar la necesidad de tener un Consejo de Monumentos Nacionales, así como también si la institucionalidad de monumentos históricos y patrimoniales cumple su objetivo, pero eso no permite a una autoridad desconocer ni desobedecer las regulaciones vigentes. La esencia del estado de derecho radica en que todos los ciudadanos, y también quienes ejercen un cargo público, deben obedecer y cumplir la Constitución y las leyes. No debe quedar duda; ninguna autoridad está por sobre la ley.
