El Ministerio Público identificó que tres integrantes de Los Gallegos, brazo armado en Chile del Tren de Aragua, planificaban ejecutar dos atentados explosivos en Arica. La información provino de inteligencia de Gendarmería, que permitió descubrir la coordinación de estos reos, dos venezolanos y un chileno, con miembros del clan ubicados en Colombia.
El plan consistía en detonar la cárcel de Acha para facilitar la fuga de criminales allí recluidos, así como colocar un auto bomba en el Tribunal de Garantía y de Juicio Oral de la ciudad, como represalia por las condenas dictadas en su contra el pasado noviembre.
El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que no se pueden entregar mayores detalles por motivos de la investigación, pero confirmó la existencia de una planificación concreta para llevar a cabo los atentados en el penal y en tribunales. Además, comparó esta situación con los recientes intentos de atentados en cárceles y tribunales de Ecuador, destacando la interconexión entre las bandas delictivas en la región.
El Ministerio Público formalizó este lunes a los tres implicados por delitos de carácter terrorista, y se fijó un plazo de 200 días para la investigación.
Expertos alertan sobre mensaje de poder y necesidad de coordinación
La experta en crimen organizado de Athenalab, Pilar Lizana, advirtió que este tipo de acciones busca demostrar el poder del Tren de Aragua, enviar un mensaje de amedrentamiento al sistema judicial y confirmar que, pese a las detenciones, la organización criminal sigue operativa.
«Buscan mostrar que tienen el control de la situación (…) y amedrentar al fiscal, al juez, al policía o al ciudadano que pueda denunciar», afirmó Lizana. Además, destacó la necesidad de una voluntad política clara y un trabajo articulado entre Gendarmería, policías y el Ministerio Público para enfrentar estas amenazas.
El próximo 6 de marzo, se espera la lectura de sentencia para los 34 condenados en la investigación principal contra Los Gallegos, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia en los centros penitenciarios y tribunales del país.
