La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el próximo 1 de abril entrará en funcionamiento el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, una cartera que asumirá funciones hasta ahora radicadas en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Tohá, quien dejará su cargo en el gabinete para postularse como candidata presidencial, calificó la puesta en marcha del ministerio como “una muy buena noticia para el país”.
La creación de esta nueva repartición fue despachada desde el Congreso en diciembre y promulgada por el Gobierno en enero de este año. Tras la toma de razón de los respectivos decretos por parte de Contraloría, se completó el proceso que permitirá la separación de funciones en el área de seguridad.
Reformas en Interior y nuevos requisitos para Seguridad Pública
Con la entrada en vigencia del nuevo ministerio, la cartera de Interior verá modificadas sus funciones. Entre los cambios más relevantes, Interior asumirá formalmente la coordinación política del gabinete de ministros, un rol que históricamente se le ha adjudicado, pero que no estaba explícitamente definido en la ley.
Además, sumará la coordinación intersectorial y el seguimiento programático de la gestión gubernamental, así como la realización de estudios y análisis para la toma de decisiones, tareas que anteriormente estaban a cargo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).
Por otro lado, el Ministerio de Seguridad Pública contará con nuevos requisitos más exigentes para su personal. Según explicó la ministra, los jefes de departamento deberán ser seleccionados mediante concurso público, asegurando un mayor nivel de profesionalización en la nueva institución.
Ubicación estratégica en el centro de Santiago
La nueva cartera operará en Teatinos 220, un edificio arrendado ubicado a un costado de la Plaza de la Constitución y a una cuadra del Palacio de La Moneda, lo que permitirá una estrecha coordinación con el Gobierno central en materias de seguridad.
Con este nuevo ministerio, el Ejecutivo busca fortalecer la gestión en materia de seguridad pública y optimizar la respuesta del Estado ante los desafíos en esta área.
