El reciente anuncio de la creación del Ministerio de Seguridad Pública, promulgado este miércoles, marca un hito significativo en la región de Atacama, donde el delegado presidencial, Rodrigo Illanes Naranjo, junto a las máximas autoridades policiales, presentaron los alcances territoriales de esta nueva cartera ministerial. Este ministerio tendrá como misión principal resguardar, mantener y promover la seguridad, el orden público, la prevención del delito y la protección de las personas.
En su intervención, el delegado Illanes destacó la importancia del nuevo ministerio, que buscará alinear a las diversas instituciones involucradas en la seguridad pública bajo una Estrategia de Seguridad nacional. Entre las instituciones que conformarán esta estrategia se encuentran Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, diversos ministerios sectoriales, los Gobiernos Regionales, los municipios y el Ministerio Público.
Este enfoque interinstitucional, según Illanes, permitirá contar con un Estado más fuerte, con herramientas eficaces para enfrentar la criminalidad y la violencia en el país. Además, la nueva cartera será responsable de proponer la Política Nacional de Seguridad Pública, elaborar una estrategia de prevención del delito, proteger y atender a las víctimas, y tomar medidas contra el crimen organizado y el terrorismo.
Por su parte, el Prefecto Inspector Cristian Alarcón, jefe de la región policial de la PDI, enfatizó la relevancia de fortalecer al Estado mediante un trabajo conjunto entre las diversas instituciones, lo que facilitará una respuesta más efectiva frente al crimen organizado. “Cada uno de estos organismos trabajará de manera cohesionada y organizada para hacer frente a la delincuencia y el crimen organizado, tanto nacional como transnacional”, destacó.
El General Julio Marabolí, jefe de la Zona de Carabineros, también resaltó el papel fundamental de las fuerzas policiales en este nuevo escenario. Aseguró que su labor preventiva e investigativa seguirá siendo clave en la protección de la comunidad, tanto en el ámbito regional como nacional.
Acciones en regiones y nuevas estructuras de seguridad
El nuevo Ministerio de Seguridad Pública también creará equipos con dedicación exclusiva a las tareas de seguridad en las regiones. A través de la nueva Secretaría Regional Ministerial y Departamentos Provinciales, estos equipos se encargarán de implementar la Política Nacional de Seguridad Pública, adoptar medidas preventivas contra el delito y mantener el orden público. La nueva estructura permitirá una respuesta más ágil y coordinada ante cualquier situación que requiera el auxilio de la fuerza pública.
En este contexto, la encargada regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Lorna Bown, destacó la creación del Sistema de Seguridad Pública, que implicará la participación de diversas instituciones para asegurar el orden y la seguridad pública. Además, se creará el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, un espacio de coordinación y colaboración que contará con consejos en cada región para abordar las necesidades locales.
Otra de las iniciativas clave es la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), una unidad que asesorará al nuevo ministerio en la identificación de situaciones de riesgo, la coordinación de operaciones policiales complejas y el intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas involucradas en la seguridad.
Mantenimiento de funciones del Ministerio del Interior
El Ministerio del Interior continuará desempeñando funciones esenciales en la coordinación política y supervisión de la gestión del Gabinete Regional, bajo la figura del delegado presidencial. En este marco, el delegado continuará instruyendo el auxilio de la fuerza pública a través del Seremi de Seguridad, además de coordinar la respuesta a conflictos sociales, emergencias y reconstrucción. También se encargará de informar semestralmente al Ministerio del Interior sobre el estado y funcionamiento de los servicios públicos en la región y provincias.
Con estas nuevas medidas y estructuras, el gobierno busca avanzar de manera significativa en la protección de la ciudadanía, fortaleciendo la coordinación entre las instituciones de seguridad y la respuesta a los desafíos del crimen en el país.
