Eso sí, el ministro de Hacienda aclaró que el Ejecutivo no puede ni debe interferir en las decisiones del Poder Judicial, el cual es autónomo y maneja su propio presupuesto.
En las últimas horas se difundió que el Poder Judicial aprobó la compra de 22 vehículos de alta gama, marca Lexus, para renovar la flota de automóviles en los que se movilizan los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial.
Actualmente utilizan vehículos Toyota Camry, los cuales serán reemplazados por el modelo ES300h de Lexus, cuyo precio supera los $57 millones, del tal modo que la entidad desembolsaría más de $1.250 millones
“No tengo mucho más que decir (…) El Poder Judicial es autónomo. El Gobierno no resuelve qué autos se compran”, subrayó.
Pero luego, lanzó un dardo de manera muy sutil: “Yo tengo un vehículo año 2015 con 260 mil kilómetros y todavía funciona bien”, dijo, citado por Agencia UNO.
Conforme a lo que constató La Radio, del total de 13 jueces que participaron en la votación para la compra de los mencionados vehículos, once aprobaron y solo dos dijeron que no.
Autoridades y exautoridades han criticado la determinación de compra de los 22 Lexus, aludiendo a que se debe ser más austero y que en estos momentos el país atraviesa por una realidad un tanto compleja.
Por ejemplo, mediante un comunicado la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) sostuvo que hay “múltiples necesidades económicas y sociales que trabajadoras y trabajadores del país tienen día a día, como por ejemplo la afectación de varios funcionarios del Poder Judicial por los incendios de la Quinta Región”.
La Asociación también recordó que hace unas semanas en los Juzgados Civiles de Santiago y el Juzgado de Familia debieron implementar el teletrabajo “en razón que las condiciones climáticas son inhumanas para estar en dichos lugares, entre varios otros problemas a nivel nacional que impiden entregar una buena administración de justicia”.
Por todo, expresó que parece “poco oportuno” que se realice un gasto de gran magnitud en 22 autos y que el hecho “es contrario al carácter austero de la judicatura”.
“Es por ello que esta Asociación rechaza esta adquisición y viene a recordar que los servidores públicos deben extremar el cuidado de los recursos destinados para cumplir los fines institucionales, cuidando en todo momento de no dilapidar los fondos destinados a la administración de Justicia”, puntualizó la OTJ.
Fuente de la información: Radio Biobío
