Ucrania ha solicitado una firme reacción internacional luego de que Mongolia desafiara la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Vladímir Putin, acusado de secuestro sistemático de niños ucranianos. La falta de acción por parte de Mongolia ha sido vista como una amenaza a la integridad del sistema de justicia internacional, y Kiev teme que este precedente pueda alentar a otros países a ignorar las decisiones de la CPI.
Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, calificó el incidente como un «serio golpe para la reputación de la CPI y del derecho internacional». En declaraciones a EFE, Merezhko subrayó la necesidad de evitar que el incumplimiento de Mongolia se convierta en un modelo para otros países. «Es crucial no permitir que la provocación de Putin siente un precedente», afirmó, instando a la comunidad internacional a condenar la conducta de Ulán Bator.
El Ministerio ucraniano de Asuntos Exteriores también ha criticado a Mongolia, indicando que el país «ha permitido que un criminal imputado escape a la justicia», y ha señalado que trabajará con sus socios para asegurar que haya consecuencias para Mongolia. Además, se ha propuesto que Ucrania explore la posibilidad de imponer sanciones, como la reducción de apoyo económico y político.
La visita de Putin a Mongolia, mientras uno de los 18 magistrados de la CPI es de nacionalidad mongola, ha sido interpretada como una maniobra para explotar la vulnerabilidad del país centroasiático, que depende en gran medida de Rusia y China para sus recursos. Merezhko advierte que, aunque es esencial que la comunidad internacional muestre que Mongolia ha cometido un error, esto no debe empujar al país aún más hacia sus vecinos gigantes.
Giundúz Mamédov, antiguo vicefiscal general de Ucrania y experto en derechos humanos, ha señalado que la visita de Putin pone a prueba el sistema de justicia internacional y revela la fragilidad de los mecanismos globales. En un artículo para ‘ZN.ua’, Mamédov argumenta que es urgente introducir instrumentos legales efectivos para sancionar el incumplimiento del Estatuto de Roma, ya que, en la actualidad, Mongolia no enfrenta consecuencias legales significativas.
La orden de la CPI contra Putin se basa en su presunto papel en la deportación sistemática de niños ucranianos a Rusia, con cerca de 20.000 casos confirmados hasta la fecha. A pesar de estos esfuerzos, solo 388 niños han sido devueltos a sus familias desde el inicio de la invasión rusa hace dos años y medio. Las autoridades rusas han obstaculizado activamente la creación de un mecanismo único para la devolución de estos niños, así como los esfuerzos de familias y ONGs para localizarlos y recuperarlos.
