La presión política contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se intensificó este miércoles con la presentación de una moción de destitución por parte de la oposición, tras la controvertida declaración y posterior revocación de la ley marcial en menos de 24 horas.
El Partido Demócrata, principal fuerza opositora, junto con otras cinco formaciones, reunió a 192 diputados para respaldar la moción presentada en la Asamblea Nacional. La votación está programada para los próximos días, y el apoyo de al menos 200 de los 300 parlamentarios sería necesario para aprobar la medida y suspender al mandatario de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional delibera.
La polémica se desató cuando Yoon justificó la imposición de la ley marcial en un mensaje televisado, alegando la necesidad de proteger el «orden constitucional» frente a supuestas actividades «antiestatales» del Partido Demócrata, al que calificó de «pronorcoreano». Horas después, el mismo Legislativo, dominado por la oposición, revocó la medida, forzando al Ejecutivo a retroceder.
El Partido Demócrata calificó la declaración de la ley marcial como una «violación de la Constitución» y pidió la renuncia inmediata del presidente. Además, señaló que la acción representa un intento de «rebelión interna» que debe ser investigado. Incluso dentro del Partido del Poder Popular, el propio sector oficialista de Yoon, hubo críticas hacia la medida, lo que evidenció divisiones en el gobierno.
Simultáneamente, manifestaciones masivas frente a la Asamblea Nacional exigieron la dimisión del mandatario, desafiando las restricciones impuestas durante la breve vigencia de la ley marcial. Sindicatos liderados por la Confederación Coreana de Sindicatos anunciaron una huelga indefinida hasta que Yoon renuncie, mientras que grupos opositores continúan presionando con movilizaciones frente al Parlamento.
De aprobarse la moción, Yoon quedaría suspendido de sus funciones mientras el Tribunal Constitucional decide, en un plazo máximo de 180 días, si procede su destitución por violación de la Carta Magna. La situación plantea un complejo panorama para la estabilidad política del país y la continuidad del gobierno de Yoon Suk-yeol.
