El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta crecientes presiones políticas y sociales tras la declaración y revocación de la ley marcial el pasado martes. La Policía surcoreana abrió una investigación por sospechas de traición, mientras la oposición prepara una votación para destituir al mandatario, programada para este sábado.
La medida de Yoon, justificada por él como una respuesta a supuestos actos «antiestatales» de la oposición, derivó en tensiones políticas, protestas ciudadanas y una huelga general indefinida convocada por sindicatos. El despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, ordenado bajo la ley marcial, generó controversia y llevó a la renuncia del ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien es señalado como una figura clave en la ejecución de estas acciones.
La investigación policial, liderada por la Oficina Nacional de Investigación, responde a denuncias presentadas por un partido opositor y un grupo de activistas, acusando a Yoon y otros altos funcionarios de traición y abuso de poder. Entre los señalados se encuentran Kim Yong-hyun, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An-su, y el ministro del Interior, Lee Sang-min.
Mientras tanto, el Partido Democrático, principal fuerza opositora, busca lograr los dos tercios necesarios en la Asamblea Nacional para aprobar la moción de destitución. Aunque la oposición cuenta con mayoría parlamentaria, requerirá votos adicionales de legisladores del gobernante Partido del Poder Popular, algunos de los cuales han criticado la medida como «inconstitucional».
Si la moción es aprobada, Yoon quedaría inhabilitado, asumiendo interinamente la jefatura de Estado el primer ministro, Han Duck-soo, mientras el Tribunal Constitucional decide si la declaración de la ley marcial vulneró la Carta Magna, un proceso que podría extenderse hasta 180 días.
