La portavoz del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, confirmó este miércoles que un grupo de 10 migrantes, enviados a la base naval de Guantánamo (Cuba) el día anterior, están relacionados con la banda transnacional Tren de Aragua. Según la Casa Blanca, el grupo fue trasladado en un avión militar desde la ciudad fronteriza de El Paso y actualmente se encuentra en un centro de detención en la isla. Las autoridades migratorias de EE. UU. han subrayado que la detención de estos migrantes, supuestos «criminales violentos», es una prioridad.
Leavitt indicó que la detención en Guantánamo será «temporal» hasta que los migrantes puedan ser «transportados a su país de origen u otro destino apropiado». Esta medida forma parte de la estrategia de la administración Trump para reforzar la seguridad en el país, orientada a detener a lo que considera «los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense», según declaraciones del presidente al firmar un memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo.
La administración Trump ha lanzado una extensa campaña de deportación dirigida a los más de 11 millones de migrantes indocumentados en EE. UU., muchos de los cuales han sido acusados de «criminales». En solo unas semanas, las autoridades han detenido a más de 8.000 personas en todo el país, aunque más de 400 de ellas han sido liberadas por falta de espacio o debido a «condiciones médicas graves».
Como parte de esta campaña, el presidente Trump ha ordenado ampliar la capacidad del centro de detención en Guantánamo, con el objetivo de albergar a más de 30.000 personas. Además, el Pentágono ha desplegado a más de 150 militares, incluidos infantes de marina y personal del Comando Sur, que se encargarán de la implementación de esta estrategia.
Sin embargo, cabe destacar que, según la legislación de EE. UU., vivir en el país sin autorización no constituye un delito criminal, sino una falta civil. De hecho, múltiples estudios, como una investigación de la Universidad de Stanford, han demostrado que los migrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los ciudadanos nacidos en EE. UU.
