El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido prohibido de abandonar el país mientras enfrenta una investigación por cargos de traición, amotinamiento y abuso de poder, tras decretar la ley marcial la semana pasada. La medida fue anunciada este lunes por el Ministerio de Justicia a solicitud de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO).
El CIO, creado en 2021 para garantizar investigaciones imparciales de altos funcionarios, solicitó que tanto la policía como la Fiscalía transfieran el caso bajo su jurisdicción. Entre los investigados se encuentran también altos funcionarios y militares vinculados a la controvertida decisión, que, según se reporta, estuvo motivada por razones políticas y por proteger a la primera dama, acusada de corrupción.
Mientras tanto, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), al que pertenece Yoon, ha planteado que el mandatario deje sus funciones «de forma temprana y ordenada». De acuerdo con esta propuesta, el primer ministro, Han Duck-soo, asumiría temporalmente las tareas presidenciales, aunque el principal partido opositor, el liberal Partido Democrático (PD), considera esta medida inconstitucional.
El sábado pasado, una moción parlamentaria para destituir al presidente fue rechazada al no alcanzar la mayoría necesaria. El PD busca presentar una nueva moción esta semana, pero necesitará sumar al menos ocho votos del partido gobernante para lograr la mayoría de dos tercios requerida.
El escándalo ha generado una crisis política que pone en duda la estabilidad del gobierno de Yoon Suk-yeol, a medida que crece la presión por su posible inhabilitación.
