Cuatro días después de la renovación de su mandato por dos años, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela publicó un informe en el que afirma que existen motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió «crímenes de lesa humanidad» durante el último proceso electoral. El informe, de 158 páginas, abarca el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
El documento denuncia que fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales estuvieron involucrados en asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género antes, durante y después de los comicios, en un contexto marcado por la persecución a opositores y la represión de protestas.
La Misión señala que las fuerzas de seguridad, incluidos el SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, participaron de manera masiva en violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Además, destaca que las máximas autoridades del Estado, mediante declaraciones públicas, incitaron a la represión y generaron un clima de hostilidad y violencia.
Instituciones involucradas y represión post-electoral
El Consejo Nacional Electoral es criticado por no garantizar la transparencia e integridad en el proceso, y la Asamblea Nacional por aprobar leyes restrictivas de los derechos humanos. El sistema de justicia también fue señalado por su falta de independencia.
El informe indica que durante los meses anteriores a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas por supuestas «conspiraciones», muchas en el marco de la operación Brazalete Blanco. Además, durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron arrestadas por su vinculación con actividades de la oposición.
La represión aumentó tras los resultados electorales, con una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas, que afectó a miles de personas. Entre las víctimas se incluyeron 158 menores de edad, quienes fueron arrestados y acusados de delitos graves como terrorismo.
Violencia en las protestas y torturas
El informe documenta al menos 25 muertes, incluidas las de dos menores, durante las protestas post-electorales, y señala que en varios casos las fuerzas de seguridad y grupos civiles progubernamentales utilizaron armas de fuego. Asimismo, se denuncian numerosos casos de tortura y violencia sexual, tanto contra detenidos como contra mujeres y niñas que visitaban a sus familiares en centros de detención.
Las torturas incluyeron golpes, descargas eléctricas en genitales, asfixia, inmersión en agua fría y privación forzada de sueño.
El informe concluye que las graves violaciones de derechos humanos investigadas son una continuación de los crímenes de lesa humanidad señalados en informes previos de la misión.
