El Gobierno de Perú declaró este lunes el estado de emergencia en Lima y la provincia de Callao, que juntas concentran un tercio de la población del país, para enfrentar la creciente ola de criminalidad. La medida, firmada por la presidenta Dina Boluarte, contempla el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, que mantendrá el control del orden interno.
El decreto, publicado en la gaceta oficial El Peruano, establece que la intervención militar será determinada por la Policía según las zonas que requieran refuerzo. La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y restringe derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal.
La decisión se adoptó tras el asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de la orquesta Armonía 10, cuyo autobús fue atacado a balazos durante el fin de semana, generando conmoción pública.
El Ministerio del Interior coordinará las acciones junto a instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Metropolitana de Lima. Además, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) fue convocado para este martes y se anunció una reforma al sistema penitenciario.
En paralelo, diversos sectores del Congreso evalúan una moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, pese a que el Ejecutivo ha reiterado su respaldo al funcionario.
No es la primera vez que el Gobierno recurre al estado de emergencia en Lima y Callao. La medida ya había sido implementada en septiembre de 2024 ante denuncias de extorsiones y violencia en 14 distritos de la capital.
