La Fiscalía de Venezuela ha iniciado una averiguación contra el presidente argentino, Javier Milei, en relación con el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y que fue enviado a Estados Unidos en febrero. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó este miércoles que ya se tramita una orden de captura contra el mandatario argentino, así como contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La Fiscalía venezolana ha asignado a dos fiscales especializados para adelantar las diligencias pertinentes y formalizar las órdenes de aprehensión. Saab explicó que, según la legislación venezolana, en este caso se han cometido delitos como «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir». Además, señaló que el avión fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos.
Saab también anunció la designación de un fiscal especializado en derechos humanos para investigar a Milei y Bullrich por posibles violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El fiscal calificó a Milei como un «fascista» y «neonazi», acusándolo de liderar un «programa de violencia institucional premeditado» en Argentina, lo que lo convierte en «un peligro brutal para todo el hemisferio».
### Argentina repudia las acciones de la Fiscalía venezolana
En respuesta, el Gobierno argentino rechazó las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de Venezuela. En un comunicado, la Cancillería argentina señaló que el caso del avión fue resuelto por el Poder Judicial de Argentina, que actúa de forma independiente del Ejecutivo. Además, el gobierno de Milei recordó al régimen venezolano que en Argentina se respeta la división de poderes, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Este mes, Argentina también instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra Nicolás Maduro y otros líderes del régimen venezolano, debido al agravamiento de la situación política tras las elecciones presidenciales en el país caribeño.
