Este martes, los trabajadores públicos de Argentina iniciaron una huelga de 36 horas con una movilización que partió del Obelisco de Buenos Aires hacia el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en repudio a los bajos salarios, despidos masivos y la política de recortes implementada por el Gobierno de Javier Milei. La medida fue convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos del país, con el fin de frenar, según sus declaraciones, el avance de «grupos de empresarios» sobre el Estado.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó las políticas de Milei, asegurando que «la gente empieza a tomar conciencia de la estafa» y advirtió sobre la «protección a la casta» que, a su juicio, está ejecutando la administración actual.
El alcance de la huelga se ampliará progresivamente: desde la medianoche del miércoles se espera la adhesión de trabajadores del transporte aéreo, ferroviario y subterráneo en Buenos Aires, y el jueves se unirán los conductores de autobuses en el área metropolitana.
En contraste, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, tachó de «privilegiados» a los huelguistas, afirmando que estos defienden sus propios «beneficios» y que «los argentinos de bien» no pueden permitirse dejar de trabajar.
La cartera de Desregulación y Transformación del Estado, liderada por Federico Sturzenegger, ejecuta el plan de reducción del gasto estatal que ha resultado en la eliminación de cerca de 28.500 empleos públicos desde que Milei asumió el poder en diciembre de 2023. Este ajuste representa una disminución del 10% en la plantilla del Estado, que, hasta agosto, sumaba 309.849 personas, según el Indec.
En una nueva medida polémica, Milei emitió un ultimátum a aproximadamente 10.000 empleados en edad de jubilarse para que inicien su proceso, y anunció que otros 40.000 trabajadores con contratos temporales deberán aprobar un examen de idoneidad para mantener sus cargos, lo que ATE considera un intento de desvalorizar su experiencia en cargos a menudo precarizados.
Por otro lado, el Gobierno planea privatizar más de 40 empresas públicas, lo que implicaría la eliminación de alrededor de 100.000 empleos, siguiendo así el compromiso de ajuste fiscal respaldado en las urnas.
