En nuestra región de Atacama, la vida se hace cuesta arriba para muchas familias no por falta de esfuerzo, sino por la falta de decisiones correctas desde quienes tienen el poder de cambiar las cosas.
Hoy quiero hablar de un tema urgente, que afecta a cientos de vecinos en sectores como San Pedro, Toledo, Chamonate y Piedra Colgada, donde la población ha crecido rápidamente, producto de nuevas parcelaciones y proyectos de vivienda social impulsados por el mismo Estado. Pero mientras las casas se levantan, el transporte y la conectividad siguen estancados.
Lo he dicho en el Congreso y lo repito aquí con total claridad: la situación del transporte en estos sectores es inaceptable. Estamos hablando de familias que deben caminar kilómetros para alcanzar una micro, de trabajadores que pierden oportunidades laborales porque simplemente no tienen cómo llegar a tiempo, y de estudiantes que dependen de la buena voluntad de un adulto para llegar a clases.
¿Es justo que quienes han decidido construir su futuro en estos sectores, muchas veces con gran esfuerzo, tengan que enfrentarse a este nivel de abandono? La respuesta es no.
Pero hay una solución, y no requiere partir desde cero. Existe una línea férrea, propiedad de Ferronor, que atraviesa justamente esta zona. Y aquí es importante decir las cosas como son: por ley, Ferronor tiene la obligación de mantener esta línea habilitada. Y eso hoy no está ocurriendo. Lo mínimo que se espera es que una empresa que tiene en concesión un bien público cumpla con sus responsabilidades.
¿Por qué no habilitarla para transporte de pasajeros? No solo es viable, es una alternativa concreta que mejoraría significativamente la calidad de vida de miles de personas.
Pero quiero ser muy clara: esto debe hacerse con financiamiento de Ferronor. No podemos permitir que una empresa privada traspase sus costos al Gobierno Regional o a los municipios. Ellos tienen la responsabilidad legal y moral de invertir en la habilitación de este tramo ferroviario entre Copiapó y San Pedro, beneficiando a sectores históricamente postergados como Toledo, Chamonate y Piedra Colgada.
Esto no es un lujo. Es justicia territorial y conectividad digna. Y también es una oportunidad para que el sector privado contribuya de verdad al desarrollo social.
La conectividad no puede ser un privilegio de unos pocos. Debe ser un derecho accesible para todos, especialmente en una región como la nuestra, donde las distancias y la geografía hacen aún más urgente contar con transporte público eficiente y digno.
Este es un llamado a la acción. No podemos seguir esperando mientras nuestros vecinos sufren por la inacción. Es hora de que el desarrollo llegue también a estos sectores, con soluciones reales y no con promesas.
Atacama merece más. Y lo vamos a seguir exigiendo, sin descanso.
