El “progresismo” sigue impulsando su hoja de ruta política plasmada en la propuesta constitucional octubrista que, conduciendo a las instituciones al asambleísmo, Chile rechazó.
El proyecto de ley que modifica el Código de Aguas equiparando el valor de los votos de los miembros de las distintas organizaciones de usuarios (Boletín 17325-33) –que una persona sea un voto, ya que, desde su perspectiva, el sistema solo representaría el interés de los accionistas mayoritarios– impulsa una idea regresiva, que siembra irresponsabilidad y que instalaría el asambleísmo.
Es regresiva porque pretende, con la lógica de los asuntos públicos, reimplantar el mismo sistema que Chile tuvo en el siglo XIX, cuyos múltiples problemas se superaron en el año 1908 con la Ley Nº 2.139 sobre asociaciones de canalistas, que modernizó el sistema con juntas de miembros y un directorio. El progresismo quiere que Chile retroceda 150 años.
Es irresponsable porque las decisiones se seguirán financiando en proporción a las acciones, lo que podría significar que quienes asumen menos costos en la organización tomen decisiones que deban pagar quienes representan la mayoría de las acciones, afectando el derecho de propiedad; y, también, porque deteriora el interés por invertir en obras de riego, tal como ocurrió con la reforma agraria.
Instala el asambleísmo obligatorio porque exige la participación igualitaria, sin distinción del interés comprometido en las decisiones, alentando la captura de las organizaciones de usuarios de agua por personas o grupos que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y por responder a un tipo de políticos que, como señaló A. Mayol, son guiados por su propio interés.
Nuevamente, acudiendo a la victimización –lúcidamente descrita por V. Kaiser–, la izquierda intenta ideologizar a las organizaciones, participar en ellas por intermedio de terceros y conculcar el derecho de propiedad, para luego declarar que son instituciones descentralizadas y democráticas.
