El Proyecto de Ley (PdL) que regula la extracción de áridos, actualmente en discusión, busca poner orden a esta actividad clave para el desarrollo de nuestra infraestructura. Si bien entendemos y apoyamos la necesidad de normar esta actividad, creemos que el proyecto, como está planteado actualmente, presenta varios desafíos que requieren revisión, para evitar que afecte negativamente la productividad y competitividad de la industria de la construcción.
Uno de los puntos más críticos de este proyecto, es el proceso administrativo r para obtener los permisos de extracción. En su versión actual, el PdL establece un procedimiento que puede tomar más de siete meses, sin contar con las prórrogas o demoras que puedan surgir. Este plazo resulta excesivo, especialmente para las pequeñas empresas, que ya enfrentan un entorno competitivo y lleno de obstáculos.
Nuestra propuesta es; ajustar aspectos del proyecto, para reducir estos plazos y agilizar los trámites, por ejemplo, estableciendo plazos más estrictos para la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), eliminando requisitos para los proyectos de extracción menor y simplificando los plazos de notificación de resoluciones.
Este Proyecto de Ley introduce una distinción entre la extracción artesanal y la mecanizada, pero la definición actual no refleja bien la realidad del sector. La utilización de maquinaria básica convierte cualquier extracción en mecanizada, lo que no siempre es el caso en proyectos pequeños, que son muy comunes en localidades alejadas y en zonas rurales.
Por esto, proponemos incluir una distinción por volumen de extracción, incorporando una categoría de «extracción menor» para volúmenes inferiores a 10.000 m³, lo que permitiría un proceso más ágil y adecuado a las pequeñas obras, que son esenciales para el desarrollo de muchas regiones del país.
Otro aspecto que nos preocupa, es que la autorización final para la extracción dependa de la aprobación del Concejo Municipal. Esto podría generar inseguridad jurídica, ya que las decisiones podrían estar influenciadas por factores políticos más que por criterios técnicos, que deben priorizarse al evaluar los proyectos.
El PdL, además, deja vacíos importantes, especialmente en la delimitación de las zonas de regulación anexas a los cauces naturales. Al ser terrenos privados, se pueden generar conflictos con los propietarios y procedimientos para su delimitación. Además, la falta de precisión sobre los aspectos evaluados, en la habilitación técnica ante la DOH, puede generar incertidumbre y confusión, lo que afecta la transparencia del proceso.
Desde la CChC, rechazamos cualquier forma de extracción ilegal de áridos y estamos a favor de una regulación, que elimine la dispersión normativa y la discrecionalidad de las autoridades. Sin embargo, creemos que este Proyecto de Ley necesita ser revisado más a fondo, para encontrar un equilibrio entre la regulación necesaria y la agilidad que requiere una industria fundamental para el desarrollo del país.
