Sin duda una de las labores más complejas de administrar un Estado, es el reparto de los recursos. Históricamente, se cuestiona desde las regiones la marcada vocación centralista en la administración del país, siempre bajo la dirección de Santiago en lo que popularmente se ha conocido como “Centralismo”. La actual administración presidencialde Gabriel Boric responde a este cuestionamiento y dirige su esfuerzo para ir en respuesta de las regiones, territorios que durante gran parte de la historia de Chile han carecido de relevancia administrativa frente a Santiago.
La ley de Royalty Minero aprobada bajo la actual administración, significa una señal potente hacia el desarrollo de economías regionales más independientes respecto de la aplicación territorial de sus propios recursos. Esta iniciativa que ya es ley desde enero del año 2024, en términos sencillos es un impuesto que se aplica a las grandes empresas mineras que operen dentro territorio. Así, la ley de Royalty resulta ser una de las mayores inyecciones de recursos nuevos al sistema municipal desde el retorno a la democracia.
Además, esta iniciativa trae consigo ciertas restricciones para evitar malversaciones y así darle mayor utilidad a estos recursos, ello ya que no podrán ser utilizados para el pago de la deuda municipal, además, de controles de información respecto del uso de estos fondos. Lo anterior, se enmarcada en una gestión de gobierno que trascenderá por su inclinación hacia la transparencia. En esta línea, es necesario destacar que los órganos responsables de fiscalizar son la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) y los Concejos Municipales representativos de cada comuna.
La tributación a la actividad minera no debe ser considerada como una solicitud de voluntad a los actores empresariales que están en el rubro. Debe comprenderse como un derecho del Estado y la ciudadanía chilena de acceder a las rentas que la explotación que de estos recursos efectúa, es lo mínimo que debe recibir el Estado y sus territorios por concepto de la explotación de bienes agotables que le pertenecen al país y a quienes lo conformamos. De cierta manera, este impuesto supone ser una consideración especial para las regiones que ponen en prenda su territorio para el desarrollo económico del país. Este reconocimiento viene a partir de una industria cuya explotación genera costos sociales y ambientales.
Es por lo anterior, que la ley crea 3 fondos a distribuir entre los gobiernos regionales y las municipalidades. El primero es el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, el cual entregó 225 millones de dólares para todos los Gobiernos Regionales, los cuales están destinados al financiamiento de inversión productiva, el segundo es el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial el cual se sitúa en el orden de los 170 millones de dólares destinados a reducir las brechas presupuestarias de las municipalidades más vulnerables. Por último, el Fondo de Comunas Mineras de 55 millones de dólares, que han sido destinados a compensar las externalidades negativas de la minería en las comunas donde se lleva a cabo la actividad económica que abordamos.
Ante las miradas y voces que dramatizan con esta medida bajo augurios catastróficos que llaman a la caída de las inversiones o la merma de la productividad, o incluso, la pérdida de competitividad, solo debemos mencionarles que este cobro se hace en un mercado global creciente, donde países como Australia, Canadá, Sudáfrica y Perú entre otros, cuentan con este tipo de cargas tributarias. Es necesario entender este tipo de legislaciones, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, no es solo un acto de justicia, sino una política de gobierno en la que tenemos una firme convicción.
En definitiva, como gobierno valoramos el alcance de este impuesto, el cual permitirá el avance de las municipalidades en diversas materias como seguridad, salud, ornamentación, planes sociales, entre otros. Este impuesto se justifica en la medida en que las proyecciones para la industria minera son realmente favorables. En términos más sencillos, pensemos en que por ejemplo el monto asignado para la comuna de Vallenar por concepto de Royalty fue de más de 730 millones de pesos el año 2024. Ahora, preguntémonos ¿cuántos talleres deportivos, reposición de mobiliario o apoyos integrales para adultos mayores se podrían financiar con estos fondos? Por lo anterior, es necesario situar en su justa dimensión los aportes que serán entregados por el Royalty y así, distribuirlos de manera racional. En Vallenar por ejemplo, parte de los fondos fueron utilizados para disminuir las horas de espera en hospitales y en Tierra Amarilla, se gestionaron proyectos de reparación de techumbre y estructura de viviendas además de darle prioridad a veredas e infraestructura vial.
Es de esperar, que ante esta poderosa herramienta que otorga el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a las regiones y a los territorios, sea usada para aumentar el bienestar y el desarrollo de las comunas de manera independiente, pero regulada, con autonomía pero también con responsabilidad por nuestro país.
