El caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha revelado aspectos profundamente preocupantes sobre el uso indebido del poder por parte del Gobierno y su manipulación para proteger a sus funcionarios. Todo esto, por parte de un gobierno que se dice feminista.
Si bien la denuncia de violación en su contra es gravísima y está en pleno proceso de investigación, un elemento alarmante es que Monsalve envió a detectives de la PDI a la casa de la víctima sin contar con una autorización judicial, lo cual evidencia un claro abuso de poder.
Este hecho, junto con la revisión ilegal de cámaras de seguridad, sugiere que Monsalve estaba utilizando los recursos del Estado para intentar limpiar su imagen o adelantarse a la investigación. Esta intervención de la PDI, bajo su mando, deja entrever un patrón de impunidad preocupante, donde el poder político se ha puesto al servicio de la defensa personal de un funcionario en lugar de garantizar la transparencia y la justicia.
Además, todo esto ocurre en medio de un silencio inquietante por parte de importantes figuras del gobierno, como la ministra del Interior, Carolina Tohá, la vocera Camila Vallejo, y Antonia Orellana, quienes desde el primer minuto debieron ser tajantes, y no haber guardado ese silencio cómplice.
La gestión de esta crisis genera serias dudas sobre la ética gubernamental. ¿Qué sabían y cuándo lo supieron? Es evidente que la rapidez con la que se votó la acusación constitucional contra Tohá podría estar relacionada con la intención de evitar que coincidiera con el escándalo de Monsalve.
Además, surgen preguntas sobre si intentaron detener la denuncia de la víctima, lo que indicaría una manipulación aún más preocupante del proceso legal para encubrir a un alto funcionario. En un momento en que el gobierno ha pregonado un compromiso con la igualdad de género y la transparencia, estos actos contradicen gravemente ese relato. Feminismo de cartón, como hemos dicho tantas veces.
Ante esta situación, la renuncia de Carolina Tohá es la única forma de garantizar a todos los chilenos una investigación independiente, sin presiones. Y que la justicia actúe.
