El análisis de los efectos del alza arancelaria de Estados Unidos exige revisar antes qué ocurre en Chile y en Atacama. El IpoM del Banco Central indicó que el 2025 habría una recuperación del crecimiento, y la CEPAL proyectó que Chile crecerá un 2.2%, ubicándose en el 7º lugar de 10, por debajo del promedio sudamericano, incluso de Venezuela. Según el INE, en febrero de 2025, el desempleo de Atacama alcanzó el 8,5%, disminuyeron un 5,5% las exportaciones regionales, y la producción minera varió un 1,3%.
Ese es el resultado de la presencia de un Gobierno integrado por personas que apoyaron el octubrismo golpista y cuya inspiración identitaria sacrifica la estabilidad institucional que durante décadas caracterizó a Chile como un símbolo de confianza. El alza de los tributos (pacto fiscal), la perspectiva de género, más el número y complejidad de los permisos aplicables a un proyecto de inversión son las repercusiones del mantra de la recaudación estatal y el ambientalismo que distinguen a la izquierda del siglo XXI para financiar “la justicia social”.
Una agenda regional pro crecimiento es posible si prevalece el sentido común. La obstaculización a la inversión no proviene desde el centro del país, sino desde el interior de nuestra Región. En Atacama –en concomitancia con sus compañeros de Santiago– la izquierda motivó la caída de la licitación internacional del Litio y luego el acuerdo SQM – Codelco; dispuso el cierre de la Fundición Paipote de ENAMI y la venta de Quebrada Blanca; y, antes, se oponía a la continuidad de la división El Salvador con Rajo Inca. Todas son manifestaciones de incoherencia como su capital de conducción política y del regionalismo artificial.
Para alentar las inversiones (públicas y privadas) debiéramos excluir la oposición de personas que utilizan a los servicios públicos para negociar su propio interés; de personas que ocupan tierras en forma irregular en el área de influencia de un proyecto y que negocian su reubicación, en iguales condiciones, basándose en una situación ilegal; y de grupos ambientalistas que pretenden conducirnos a un estilo de vida precolonial, recogido en la propuesta constitucional categóricamente rechazada el 4 de septiembre de 2022. En lo legislativo, sería necesario reformular las leyes laborales para que dejen de asumir que un trabajador es una víctima por el solo hecho de tener un empleador; reducir los impuestos y los permisos sectoriales; y vincular el financiamiento privado de las obras de interés público regional con el crédito fiscal (obras por impuestos), de tal manera que la inversión en la región se acelere y no dependa de la burocracia administrativa que permitió el caso Allende, Fundaciones, SLEP o indultos.
La definición de una postura regional con un horizonte de desarrollo es indispensable. Sin embargo, la esperada unidad no puede lograrse con políticos cuya ideología de acción es la división del país. Si el buenismo cree que es superable, no hay remedio institucional si se ignora al verdadero adversario.
