Todos queremos mejores pensiones. La gente sabe que para ello es necesario más ahorro previsional, más rentabilidad y, por cierto, un acuerdo. Pero también sabe que la economía no mejora, y que un acuerdo no puede lograrse a cualquier costo.
El acuerdo entre el Senado y el PC (Gobierno del Pdte. Boric) radica el esfuerzo económico en todos los chilenos, no en los empleadores. El costo de producción –incluido el de contratación– es parte del precio de todo bien o servicio que paga quien lo adquiere para sí, y ese es usted, no una empresa. Si se eleva el costo, el precio también; aumenta la inflación (costo de la vida), y se perjudica a quienes tienen menos.
Hay un exceso de confianza en el acuerdo. Aunque la motivación política de cada sector para alcanzarlo es distinta, siguiendo el pragmatismo de M. Weber, sus adherentes comparten que es un avance. Un porcentaje de los recursos obtenidos irá a las cuentas de ahorro previsional y otro al Estado. Preliminarmente parece razonable, pero revela ingenuidad. Si bien recoge parte de la propuesta del Pdte. Piñera, simboliza el desconocimiento de una generación progresista lúcidamente descrita por F. Villegas (en “Debut y despedida”) y también por A. Mayol (en “La banalidad del poder”).
La discusión es política, no técnica. Con el acuerdo, la izquierda creará más cargos públicos (lleva 100.000 en 2 años), ratificando su intención de inyectar inestabilidad al sistema (hasta desmantelarlo), tal como lo intentó en la convención constituyente; y desconocerá la visión de la gran mayoría que desea que todos los recursos vayan a su cuenta de ahorro previsional (hoy 74%, según encuesta percepción; antes, 62% en el plebiscito 4/S). En síntesis, el progresismo sigue bregando por más Estado y menos democracia.
Escudándose en la transversalidad (hoy los dirigentes del apruebo), históricamente las iniciativas de izquierda presentadas como una gran reforma han tenido resultados catastróficos. Vea el impacto de la reforma procesal penal, la justicia laboral, la tómbola educacional, los gobiernos regionales, y el aumento de parlamentarios. Hoy son las pensiones.
En el futuro, si la reforma no tiene el impacto esperado –como es previsible–, la izquierda pedirá acelerar su implementación al unísono de la protesta “social” (incumplirá el acuerdo), buscará un culpable y, como siempre, lo encontrará al frente.
