La aprobación de la Ley Corta de Isapres, inicialmente diseñada para garantizar la devolución de los montos cobrados en exceso por las aseguradoras de salud, ha desatado una fuerte polémica debido a los cuestionables montos y plazos de las devoluciones. Según lo informado, algunos afiliados recibirán pagos mensuales por debajo de los mil pesos en plazos de hasta 156 cuotas, situación que ha provocado críticas generalizadas de los usuarios y parlamentarios.
El origen del conflicto se remonta a la promulgación de esta ley en mayo de 2023, la cual buscaba corregir los excesos generados por la aplicación de la tabla de factores. La Superintendencia de Salud estimó que más de 700 mil afiliados deberían recibir devoluciones, con montos que oscilan entre 380 pesos y 69 millones de pesos. No obstante, la implementación del mecanismo de pago ha generado descontento.
El superintendente de Salud, Víctor Torres, defendió la medida, argumentando que sin la ley el escenario sería aún más complejo. Sin embargo, las críticas no tardaron en recaer sobre el Gobierno, especialmente tras declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo, quien señaló que el diseño actual de la ley fue producto de decisiones parlamentarias, no del Ejecutivo.
En el Congreso, voces como la de la senadora Paulina Vodanovic han propuesto una norma interpretativa para limitar las acciones de las aseguradoras, mientras que otros parlamentarios, como Juan Luis Castro y Javier Macaya, acusan al Gobierno de generar expectativas desmedidas y de una implementación ineficaz.
A pesar de los señalamientos al Ejecutivo, las críticas también han apuntado a las isapres. Legisladores como Jaime Naranjo han calificado a las aseguradoras de «sinvergüenzas», mientras otros, como Guillermo Ramírez, piden al Gobierno asumir la responsabilidad de las decisiones adoptadas.
El debate se centra ahora en cómo abordar las inconsistencias de la Ley Corta. Algunas propuestas incluyen reformas al sistema de salud o ajustes legislativos que respeten el espíritu de la normativa. Sin embargo, persiste la interrogante sobre por qué se aprobaron planes de pago tan cuestionados por la ciudadanía y los parlamentarios.