El Tribunal Constitucional no objetará la reciente reforma previsional aprobada en el Congreso, debido a que no se reunieron las firmas necesarias para presentar un requerimiento en su contra.
El intento fue liderado por el diputado socialcristiano Roberto Arroyo, quien buscó el respaldo de los 38 legisladores que votaron en contra de la iniciativa. Sin embargo, pese a la presión en redes sociales y los esfuerzos del parlamentario, la solicitud quedó a solo tres firmas de alcanzar el mínimo requerido.
El plazo para impugnar la reforma venció el lunes, lo que deja sin margen de acción a quienes intentaban frenar la iniciativa. Arroyo lamentó que el proyecto se haya tramitado «a última hora» y en vísperas de las vacaciones legislativas, lo que, a su juicio, dificultó la recolección de firmas.
Pese a ello, el legislador reconoció que la impugnación tenía pocas probabilidades de prosperar, ya que la reforma fue aprobada con un quórum superior al requerido incluso para una modificación constitucional. Ahora, el TC solo podría marcar una «diferencia con el legislador», permitiendo que la norma siga su curso sin objeciones.
La última alternativa que le queda a Arroyo es presentar un «téngase presente», un documento con menor peso jurídico y sobre el cual el Tribunal no tiene la obligación de pronunciarse.