El presidente Gabriel Boric promulgó este martes en La Moneda la nueva Ley Antiterrorista, destacando que Chile no cederá ante la delincuencia y reforzando el compromiso del Gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Acompañado por autoridades como la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, el mandatario subrayó la importancia de esta actualización legislativa.
Boric señaló que la norma moderniza las instituciones del Estado y es el resultado de un acuerdo transversal. Además, enfatizó que el terrorismo es inaceptable en el país y que la seguridad de la ciudadanía es la prioridad del Gobierno. Entre las medidas destacadas, mencionó el fortalecimiento de las policías, la mejora de la infraestructura penitenciaria y un mayor resguardo de las fronteras.
El jefe de Estado hizo un llamado a la unidad política en esta materia, advirtiendo que las divisiones pueden ser aprovechadas por el narcotráfico y el crimen organizado. Asimismo, aseguró que el Ejecutivo continuará tomando medidas para enfrentar con firmeza a quienes atenten contra la seguridad pública.
Alcances de la nueva legislación
La nueva Ley Antiterrorista reemplaza a la normativa vigente desde 1984 y se alinea con estándares internacionales, tomando como referencia legislaciones de países como España, Alemania y Estados Unidos. Su promulgación forma parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la seguridad, en conjunto con el Congreso y las autoridades locales.
Entre sus principales disposiciones, la ley otorga al futuro Ministerio de Seguridad Pública la facultad de querellarse por delitos de terrorismo y la obligación de proponer al Presidente una Estrategia Nacional de Prevención y Combate contra estas conductas, que incluirá medidas de reparación para las víctimas.
Además, la norma permite que, en casos de alta complejidad o de alarma pública, el fiscal a cargo pueda solicitar el traslado de la causa a un Tribunal de Santiago, con la aprobación de la Corte Suprema. Estas modificaciones buscan dotar al sistema judicial de mayores herramientas para enfrentar delitos de carácter terrorista en el país.
