La Contraloría General de la República ha revelado una serie de irregularidades en la gestión de licencias médicas en el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) entre enero de 2022 y junio de 2023. Como resultado, ha ordenado una investigación administrativa para establecer responsabilidades y ha remitido el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones legales correspondientes.
El reporte de auditoría muestra que más de 1.185.524 licencias médicas fueron procesadas en un plazo superior a los 60 días desde su emisión, excediendo los plazos reglamentarios. Asimismo, la Contraloría detectó que ciertos «grandes emisores» de licencias, profesionales considerados de alta frecuencia en la emisión de estos documentos, generaron 1.552.672 licencias, con un promedio de 1,5 documentos por hora. Un caso notable fue el de un especialista que emitió 42.211 licencias, de las cuales 12.547 fueron registradas como pagadas.
Además, se halló que 35 médicos sancionados por la Superintendencia de Seguridad Social emitieron 2.403 licencias, a pesar de estar inhabilitados para ello. La Contraloría también subrayó que el Sistema de Información del Fonasa (SIF) carece de controles adicionales que garanticen la integridad de los documentos, como la validación de los emisores en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud o la verificación de que los emisores no estén fallecidos al momento de emitir las licencias.
Por otro lado, se detectó un incidente de ciberseguridad entre el 23 y el 30 de octubre de 2023, que dejó los servicios informáticos de Fonasa inoperativos por 166,22 horas. Aunque Fonasa inició el cobro de multas al proveedor externo responsable, por un total de 2.472,07 UF, la Contraloría calculó que la sanción debió haber sido de 19.546,22 UF, por lo que exigió a Fonasa acreditar el cobro de la totalidad de la multa.
Este informe evidencia deficiencias significativas en la gestión y control de licencias médicas en Fonasa, situación que plantea un riesgo para la integridad del sistema y afecta la eficiencia del servicio público en salud.
