La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la suspensión temporal del controvertido criterio establecido por la contralora Dorothy Pérez, que buscaba modificar el principio de «confianza legítima» en la renovación de contratos de funcionarios públicos. Esta medida, conocida como «criterio Dorothy Pérez», ha generado un intenso debate y rechazo entre los trabajadores del sector público.
El dictamen de Pérez planteaba eliminar el precedente de que un funcionario que haya renovado su contrata por más de dos años podía asumir una expectativa legítima de continuidad laboral. Con esta nueva interpretación, los funcionarios despedidos tras dos años de contrato debían recurrir a la justicia para resolver sus casos, lo que fue calificado como un «retroceso» por las asociaciones de trabajadores y sindicatos.
La suspensión del dictamen se dio en el marco de un recurso de protección presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana, que solicitó una orden de no innovar argumentando que el nuevo criterio afecta gravemente el derecho de los trabajadores a recurrir ante la Contraloría General de la República.
La resolución judicial instruyó a la Contraloría a continuar revisando las reclamaciones y solicitudes presentadas en torno al tema mientras se analiza el recurso de protección. Además, se exigió a la institución entregar un informe detallado sobre los antecedentes relacionados con el dictamen en un plazo de cinco días, bajo advertencia de sanciones por incumplimiento.
El fallo marca un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos laborales de los funcionarios públicos y las atribuciones de la Contraloría en materia de pronunciamientos, mientras se espera la decisión final de la Corte.
