Gobierno abre proceso para asignar nuevos contratos de explotación de litio

 

El Ministerio de Minería anunció la apertura del proceso para asignar nuevos Contratos de Operación de Litio (CEOL) en seis zonas estratégicas, como parte de la Estrategia Nacional del Litio presentada en abril de este año. Esta medida busca diversificar y aumentar la explotación del mineral, actualmente concentrada en el Salar de Atacama, que representa el 90% de las reservas nacionales y el 30% de la producción mundial.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, destacó que esta priorización responde a la necesidad de aprovechar las oportunidades económicas, laborales y tecnológicas asociadas al litio. A estas seis áreas se suman los seis sistemas salinos anunciados en septiembre, completando un total de 12 zonas priorizadas para nuevos proyectos de exploración y explotación.

En abril, el Ministerio inició un proceso de manifestación de interés (RFI) en el que empresas nacionales e internacionales declararon su disposición a invertir en 26 salares disponibles, detallando tecnología, montos de inversión y plazos de ejecución. Este avance se enmarca en la meta de aumentar la producción nacional de litio en un 70% para 2030.

Además de la extracción tradicional, los nuevos contratos contemplan proyectos de minería polimetálica, extracción de litio contenido en arcillas y fuentes geotermales. Según la ministra de Minería, Aurora Williams, el proceso estará acompañado de consultas a los pueblos indígenas, en cumplimiento con la normativa vigente, para garantizar un desarrollo responsable y dialogado.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, subrayó el compromiso del Gobierno de equilibrar la producción de litio con la protección ambiental, asegurando la preservación de ríos y ecosistemas clave en las zonas afectadas.

Chile, el segundo mayor productor mundial de litio después de Australia, exportó 6.877 millones de dólares de carbonato de litio en 2022, un aumento significativo frente a 2021. Sin embargo, en 2023 las exportaciones cayeron en 2.600 millones de dólares, lo que refuerza la urgencia de implementar políticas que fortalezcan la industria y su sostenibilidad.

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