La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) alertó que el Estado mantiene una deuda cercana a los 50 millones de dólares con las empresas que abastecen dispositivos médicos, con un retraso en los pagos que en promedio alcanza los 300 días.
Según la agrupación, esta situación pone en peligro la continuidad del suministro de insumos esenciales como jeringas, guantes, desfibriladores y ventiladores mecánicos, lo que podría afectar gravemente la operatividad de los centros de salud.
A pesar de la crisis financiera, los proveedores han descartado la posibilidad de un paro o la suspensión del suministro. Eduardo del Solar, director ejecutivo de APIS, recalcó que detener el servicio podría desencadenar un colapso en el sistema de salud y poner en riesgo vidas. «Somos una industria muy ética y no vamos a detener nuestra labor. Sin embargo, las empresas están al límite y muchas podrían quebrar, lo que significa que los productos dejarán de llegar», advirtió.
La deuda se originó en marzo de 2023, cuando el gobierno desactivó el sistema de pago automático para los proveedores de dispositivos médicos. Como consecuencia, 25 servicios de salud quedaron sin esta modalidad, generando un déficit que sigue en aumento. APIS hizo un llamado a las autoridades a regularizar los pagos de manera urgente para evitar un posible desabastecimiento en el sistema de salud.
