La Ley «Chao Cables», que permite a los municipios exigir el retiro de cables en desuso en un plazo de cinco meses, ha sido calificada como una «ley muerta» debido a la falta de claridad en su reglamento de aplicación. A pesar de ello, la Subsecretaría de Telecomunicaciones asegura que la normativa sigue vigente y está a la espera de la toma de razón por parte de Contraloría.
En paralelo, algunas comunas han implementado soluciones propias. En Independencia, el alcalde Agustín Iglesias alcanzó un acuerdo con diversas empresas de telecomunicaciones para despejar el cableado en desuso en su territorio.
Modificación en trámite
Uno de los obstáculos para la aplicación de la ley es que la Ley de Acceso a Internet eliminó la facultad de los municipios para exigir el retiro de cables. Para corregir esta situación, la diputada Ana María Gazmuri impulsó una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, restituyendo esa autoridad a los municipios.
El proyecto, que cuenta con respaldo del Ejecutivo, ya fue aprobado en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja y se encuentra en proceso de tramitación en el Senado.
Según expertos, como el ingeniero eléctrico Héctor Chávez, es fundamental mejorar los mecanismos de fiscalización del cableado para garantizar la efectividad de la normativa. Mientras avanza la discusión legislativa, se espera que los cambios permitan acelerar el retiro de cables en desuso y ofrecer una solución más eficaz a esta problemática urbana.
