La diputada Joanna Pérez, del partido Demócratas, presentó un proyecto que busca modificar la ley N°18.216 con el objetivo de evitar que imputados sujetos a reclusión parcial domiciliaria puedan utilizar redes sociales para obtener beneficios económicos o interferir en investigaciones penales.
La propuesta incluye agregar un nuevo inciso al artículo 7 de la ley, estableciendo que se considerará quebrantada la medida cautelar si el imputado se comunica o obtiene beneficios pecuniarios a través de redes sociales o medios tecnológicos, o si sus acciones ponen en riesgo la investigación. Excepcionalmente, el juez podría autorizar comunicaciones si no afectan la investigación ni el espíritu de la medida cautelar.
La iniciativa surge en medio de recientes casos mediáticos, como el de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien anunció su participación en la plataforma de contenido erótico Onfayer mientras cumple arresto domiciliario total, y el caso de Camila Polizzi, imputada en el Caso Convenios, quien también ha utilizado plataformas digitales con fines lucrativos durante su reclusión.
Pérez subrayó la necesidad de este cambio normativo, destacando la incoherencia entre las restricciones en cárceles y la libertad de uso de plataformas por parte de personas bajo arresto domiciliario. La diputada espera que el proyecto sea revisado en la Comisión de Constitución para avanzar en su tramitación.
