El operativo gestionado por la PDI en coordinación con ALTO, terminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena y otra, haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación y se mantienen bajo medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante los 60 días que durará la investigación.
Santiago, 2024.- Un operativo en la Vega Central coordinado entre ALTO y la PDI permitió recuperar 347 carros que habían sido robados de distintas cadenas de supermercados, cuya avalúo se estima en $22 millones de pesos aproximadamente.
El procedimiento culminó con dos personas detenidas, una de nacionalidad chilena y otra, haitiana, quienes fueron formalizadas por el delito de receptación, quedando bajo las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, durante los primeros 60 días que el tribunal decretó para el desarrollo de la investigación.
El hurto y robo de carros es un delito que ha afectado significativamente a los supermercados en Chile durante los últimos años. En 2023 la PDI, en conjunto con ALTO ya habían desarrollado un operativo en La Vega Central donde se incautaron 197 carros de supermercado.
«Durante la última década, el robo o hurto de carros de supermercado en Chile ya era un problema existente. Sin embargo, a partir de 2022, tras la pandemia, hemos observado un crecimiento en las pérdidas de estos activos. Las pérdidas pueden resultar millonarias para las empresas si se consideran los volúmenes involucrados anualmente y por otra parte este tipo de delito puede generar efectos no deseados en la experiencia de compra de los clientes de los supermercados.», comenta Eduardo Hernandez, Gerente Legal de ALTO en Chile.
Pero ¿cuál es el negocio de los carros de supermercados? Según explica el profesional, «en este caso, hemos podido observar la existencia de una red que busca generar ingresos ilícitos a partir de la explotación de activos (carros de supermercados) obtenidos ilegalmente que se entregan en arriendo. El modus operandi es el siguiente: luego de sustraer estos activos, los involucrados almacenan los carros en sus propias viviendas, lo que permite ocultarlos de un eventual procedimiento policial (de fiscalización) para luego, instalarse físicamente en alguno de los accesos a la Vega Central, con el propósito de captar clientes a quienes arriendan y exigen muchas veces una garantía para la utilización de los carros robados, además de un pago entre $3 mil a $5 mil pesos».
«Este tipo de actividades no sólo afecta gravemente a las empresas privadas (supermercados), sino que también representa una forma organizada de delito que requiere la ejecución de diversas etapas como la sustracción previa; almacenamiento de bienes robados; implementación de una cadena logística destinada a poner en circulación estos activos para darlos en arriendo, generando ingresos ilícitos que infringen diversos marcos regulatorios (ej: municipales; tributarios; penales). Por tanto, se vuelve necesario implementar medidas más estrictas de control y prevención», agrega.
En relación con el operativo que logró la incautación de los carros, de los cuales el 79% pertenecen a clientes de la red ALTO, su Gerente Legal destacó la importancia de que las empresas implementen medidas de seguridad para proteger sus activos: «Permanentemente estamos observando formas de delincuencia más o menos estructurada , y con distintos niveles de sofisticación, en diversas industrias, que impactan negativamente en colaboradores, clientes, así como también en los resultados económicos de las empresas», concluyó.
