Miembros de la Asociación Nacional de Fiscales se reunieron en Santiago con autoridades de la Dirección de Presupuesto (Dipres) para abordar el recorte de 7 mil millones de pesos destinado al Ministerio Público, una medida que podría afectar seriamente las investigaciones en curso.
La fiscal de Concepción, Maritza González, presente en la reunión, expresó que mantener este ajuste presupuestario podría significar la interrupción de importantes indagatorias. “Que el recorte sea evaluado en abril no nos sirve. Las investigaciones están en curso y necesitan celeridad”, enfatizó.
El impacto de esta medida preocupa también al ámbito legislativo. La diputada Flor Weisse advirtió que este recorte afectará investigaciones clave, como los homicidios en Lota y la violencia rural en Arauco. Por su parte, la diputada Pamela Jiles calificó la decisión como «una nueva metida de pata» del Gobierno, subrayando que afecta directamente la lucha contra el crimen organizado y la seguridad, una de las principales demandas ciudadanas.
Desde el Colegio de Abogados de Concepción, la consejera Liliana Silva expresó inquietud por el debilitamiento institucional que podría generar esta reducción de recursos, si bien reconoció que los ajustes presupuestarios son comprensibles en el contexto económico actual.
A los recortes al Ministerio Público se suman 14 mil millones de pesos reducidos al presupuesto del Poder Judicial, lo que ha llevado a la Corte Suprema a solicitar reconsiderar esta medida. Las voces críticas coinciden en la necesidad urgente de reponer los recursos para garantizar una adecuada administración de justicia y la seguridad pública.
