La Fiscalía Regional Centro Norte avanza en la investigación penal por la fallida compra de la casa de Salvador Allende en Providencia, proceso que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y ha generado diversas repercusiones en el ámbito político.
Según informó La Tercera, el Presidente Gabriel Boric ha sido “invitado” por el Ministerio Público a declarar en calidad de testigo el próximo 27 de marzo. Esta diligencia se enmarca en la causa que indaga los detalles de la compra del inmueble, la cual involucraba un contrato entre el Estado y la ministra, lo que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
Facultades presidenciales en el proceso
A diferencia de otros ciudadanos, el Presidente de la República no puede ser citado formalmente a declarar en este tipo de procedimientos. Sin embargo, la ley permite que sea invitado a testificar, pudiendo incluso fijar el lugar donde se llevará a cabo su declaración.
Este no es el primer interrogatorio del mandatario en una investigación judicial. En octubre de 2024, Boric declaró en el Palacio de La Moneda ante el fiscal Xavier Armendáriz, en el marco del caso que involucró al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien fue denunciado por violación.
Repercusiones políticas y judiciales
El caso también ha salpicado a la senadora Isabel Allende (PS), quien presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para esclarecer los alcances de la transacción y sus implicancias legales.
Mientras avanza la investigación, crecen las presiones políticas y las expectativas sobre la declaración del Presidente Boric, la cual podría marcar un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia y los procedimientos administrativos en el Gobierno.
