Este martes, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) entregará el informe solicitado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para esclarecer las causas del masivo apagón del pasado 25 de febrero, que afectó a más de 19 millones de personas en todo Chile.
El documento, elaborado con la participación de una consultora internacional, detallará la cronología de los hechos e indagará el rol de Isa InterChile, empresa responsable de la línea que presentó la falla. Uno de los puntos clave será determinar por qué la compañía habría actuado sin la autorización del CEN y si existe responsabilidad directa en la interrupción del suministro.
Desde el Congreso han advertido que el problema trasciende una falla aislada y han puesto el foco en la baja resiliencia del sistema eléctrico y la débil coordinación entre el sector público y privado. Parlamentarios han anticipado que, de confirmarse la responsabilidad de la empresa, promoverán sanciones más severas e incluso debatirán sobre una eventual responsabilidad penal, considerando que durante el apagón fallecieron pacientes electrodependientes.
Otros sectores apuntan a un problema estructural del Estado, que se arrastra desde hace al menos seis años, destacando la imagen del Palacio de La Moneda sin energía como reflejo de la fragilidad del sistema. En este contexto, algunas voces han pedido la renuncia de autoridades del CEN.
Desde el Ejecutivo, recalcaron que la normativa vigente obliga a las empresas privadas a disponer de planes de contingencia para este tipo de emergencias. Por su parte, expertos del sector eléctrico advirtieron que el apagón dañó la imagen internacional de Chile y expuso serias debilidades en seguridad y conectividad.
Mientras el sector privado espera las conclusiones técnicas del informe, persisten interrogantes sobre por qué los protocolos de prevención no lograron evitar la crisis, a pesar de que la falla fue reportada con dos horas de antelación.
