En la ciudad de Arica, comenzó el desalojo de aproximadamente 100 familias que ocupaban irregularmente 146 lotes pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales en el Cerro El Chuño. Esta medida, que se extendería durante toda la semana, responde a denuncias presentadas por Bienes Nacionales ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación liderada por la fiscal Paulina Brito y la unidad especializada en tomas y loteos ilegales.
El sector ha sido señalado como un foco de delitos graves, incluyendo homicidios y secuestros, además de ser un antiguo enclave del grupo criminal Los Gallegos, vinculado al Tren de Aragua. Según la fiscal Brito, el objetivo del desalojo es «otorgar una sensación de seguridad más clara a la gente de Arica», destacando que se trata de una acción coordinada entre diversos organismos debido a la peligrosidad del área.
Sin embargo, la operación ha generado tensiones. Un grupo de pobladores protestó bloqueando la avenida Capitán Ávalos con barricadas, lo que llevó a la intervención de Carabineros. La fiscal Brito explicó que algunos ocupantes solicitaban más tiempo para abandonar los terrenos, mientras que otros simplemente rechazaban el desalojo.
Además, Brito subrayó que la nueva legislación permite al Ministerio Público actuar de manera inmediata en casos de usurpación, sin necesidad de notificar previamente a los ocupantes. Esta normativa ha sido clave para avanzar en las acciones legales y operativas en sectores críticos como Cerro El Chuño.
