El programa de Visa Waiver para Chile vuelve a estar en el centro del debate en Estados Unidos. Esta vez, el fiscal del condado de Orange, Todd Spitzer, reiteró su llamado a cancelar este beneficio, argumentando que ha facilitado la entrada de bandas criminales chilenas que han cometido millonarios robos en el país norteamericano.
Las declaraciones de Spitzer surgen tras la detención de siete ciudadanos chilenos acusados de integrar un grupo delictual que operaba en diversas ciudades de Estados Unidos, particularmente en California. Entre sus víctimas se encuentran reconocidos jugadores de la National Football League (NFL), como Joe Burrow, Patrick Mahomes y Travis Kelce, este último pareja de la cantante Taylor Swift. Según las autoridades, las pérdidas asociadas a estos robos superarían el millón de dólares.
En una entrevista con Fox News, el fiscal enfatizó que ha denunciado esta situación durante casi dos años sin obtener una respuesta efectiva. «El FBI, el Departamento de Justicia, Seguridad Nacional y el Departamento de Estado lo saben. Es el mayor secreto en Washington y nadie parece querer hacer nada al respecto», afirmó. Además, destacó que, si bien el problema ha sido discutido en el Congreso, solo ahora recibe mayor atención debido a la afectación de figuras públicas.
Spitzer calificó la situación como «turismo delictual» y aseguró que estas bandas han estado operando en Estados Unidos por años. «No vienen a visitar Disneyland o Disney World, vienen a robar en una de las naciones más ricas del planeta», advirtió.
A finales de enero, el fiscal ya había expresado su preocupación en redes sociales, señalando que Chile «ha fallado constantemente en proporcionar a las autoridades estadounidenses la información necesaria sobre antecedentes penales de sus ciudadanos», lo que permitiría a bandas delictivas aprovechar el programa Visa Waiver.
Si bien Spitzer apoya la administración del presidente Donald Trump y su política de deportaciones, criticó la falta de controles previos al ingreso de ciudadanos chilenos bajo este programa. «Estamos hablando de 350.000 chilenos al año que entran con un trámite en línea de 21 dólares, sin verificación de antecedentes. Es un abuso», sentenció.
Finalmente, el fiscal compartió su postura en redes sociales, instando a las autoridades estadounidenses y al Gobierno de Chile a tomar medidas inmediatas. «No podemos seguir permitiendo que los estadounidenses sean aterrorizados en sus propios hogares», concluyó.
