El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva contra las financieras Emprenor y Emprenort, acusándolas de realizar cobros abusivos y de afectar a miles de consumidores con prácticas que violan la Ley del Consumidor y otras normativas legales. Las empresas operan principalmente en la zona norte de Chile y se especializan en otorgar créditos dirigidos, en su mayoría, a mujeres dueñas de casa y adultos mayores.
Tras una investigación exhaustiva que incluyó requerimientos de información, fiscalización presencial y citación al representante legal de las financieras, el Sernac descubrió que los créditos ofrecidos por Emprenor y Emprenort, a pesar de presentarse como productos hipotecarios, no cumplían con los requisitos legales mínimos para este tipo de contratos. De acuerdo con la denuncia, las empresas exigían que los solicitantes fueran propietarios de una vivienda y, a cambio, firmaran documentos como pagarés y contratos de hipoteca con garantía general, los cuales contenían cláusulas abusivas.
Los créditos otorgados podían ascender hasta los $170 millones, con un plazo máximo de 60 cuotas, lo que implicaba cuotas mensuales superiores a los $2,8 millones. Esta situación resultó impagable para muchos de los consumidores, quienes se vieron obligados a repactar sus deudas, lo que, en algunos casos, derivó en el remate de propiedades de personas morosas.
La investigación también reveló que ambas empresas superaban la Tasa Máxima Convencional (TMC) en el otorgamiento de crédito a las personas. Como resultado, el Sernac solicitó la restitución de los montos cobrados en exceso. Además, se detectó que las financieras no cumplían con los deberes de información requeridos por la ley en los contratos hipotecarios.
Por todo lo anterior, el Sernac presentó la demanda colectiva, con el objetivo de que los consumidores afectados puedan recuperar los montos cobrados ilegalmente y que se apliquen las máximas multas establecidas por la ley. El organismo también derivó los antecedentes al Ministerio Público, con el fin de que se inicie una investigación penal sobre los hechos denunciados.
