Este lunes, tal como se había anticipado, el oficialismo junto con la Democracia Cristiana (DC) presentaron formalmente las acusaciones constitucionales (AC) contra dos ministros de la Corte Suprema: la suspendida magistrada Ángela Vivanco y el juez Jean Pierre Matus. Ambos fueron vinculados con el abogado Luis Hermosilla, imputado en el denominado caso Audio.
De ser aprobadas las acusaciones, Vivanco y Matus enfrentarían la destitución de sus cargos y la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de cinco años.
El diputado Daniel Melo, jefe de la bancada del Partido Socialista, fue el primero en manifestarse, subrayando la necesidad de que la política actúe con firmeza ante los casos de corrupción. «Ambos han fallado a Chile y a sus ciudadanos. No puede haber una justicia para ricos y otra para pobres», enfatizó, haciendo un llamado a restaurar la confianza en las instituciones.
La acusación contra Vivanco consta de cuatro capítulos. El primero aborda la entrega de información sobre causas relacionadas con Carabineros y las Fuerzas Armadas. El segundo refiere a una supuesta concertación con Hermosilla para influir en el nombramiento de miembros de la Corte Suprema. El tercer capítulo trata sobre los consejos que Hermosilla habría proporcionado a Vivanco, y el cuarto aborda posibles irregularidades en un caso entre Belaz Movitec SpA y Codelco.
Por su parte, Eric Aedo, jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, calificó la presentación de las acusaciones como un «signo de unidad para combatir la corrupción», y destacó que el poder judicial atraviesa la mayor crisis de las últimas tres décadas.
La acusación contra Matus, según Aedo, se centra en tres puntos. El primero señala que el magistrado habría faltado a la verdad ante el país. El segundo menciona sus inhabilidades, omitiendo nombres como los de Hermosilla y Chadwick en una lista presentada por Matus. El último punto se refiere a la supuesta pérdida de imparcialidad del juez debido a sus comunicaciones con Hermosilla.
