El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se encuentra reunido este lunes con los propietarios del terreno donde está emplazada la megatoma de San Antonio, con el objetivo de concretar la compra del predio y así evitar el desalojo de más de 11 mil personas, programado para este jueves.
Antes del encuentro con los representantes de los dueños del terreno, Montes sostuvo una reunión con el alcalde de San Antonio, Omar Vera, en la que abordaron la estrategia para adquirir las más de 250 hectáreas del Cerro Centinela a través de cooperativas.
En la cita participan el empresario Ricardo Posada y los abogados Diego Pereira y Juan Eduardo Duhart, en representación de los propietarios, mientras que por parte del Gobierno asiste también el subsecretario del Interior, Luis Cordero. Los principales puntos a resolver incluyen la modalidad de pago, la posible entrega de un terreno fiscal como garantía en la transacción y la fijación del precio definitivo del predio.
El valor del terreno ha sido motivo de controversia, ya que la tasación realizada por el Serviu lo fijó en 59,3 millones de dólares, mientras que los propietarios estiman su valor en 70,9 millones. Las partes deberán alcanzar un acuerdo antes del jueves para concretar la compraventa mediante cooperativas. De lo contrario, las autoridades deberán proceder con el desalojo en la fecha establecida.
Dada la complejidad de la negociación, se prevé que la reunión se extienda durante varias horas.
Expertos advierten sobre impacto de un desalojo
Ante la magnitud del asentamiento, que alberga a cerca del 20% de la población de San Antonio, el jefe de la Red de Vivienda y Ciudad de Déficit Cero, Matthias Casasco, advirtió sobre las consecuencias de un eventual desalojo sin alternativas claras.
«Un desalojo hoy, sin plan ni soluciones alternativas, solamente desplazaría el problema a otro lugar, a otros terrenos que, probablemente, terminarían siendo tomados por las personas que hoy no tienen dónde vivir», señaló Casasco, subrayando la necesidad de soluciones excepcionales ante una crisis habitacional de esta envergadura.
Mientras tanto, integrantes de la mesa de trabajo ad hoc, que representan a los habitantes de la toma, se congregaron en las afueras del Ministerio de Vivienda a la espera de información sobre los avances en la negociación. Jorge Pérez, vocero de la comunidad, expresó la expectativa de los afectados por una solución que beneficie a todas las partes involucradas y destacó que la mayoría de los residentes ven en el modelo de cooperativas una alternativa viable para regularizar su situación.
